La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, además de establecer la información que deben hacer publica las Administraciones en sus respectivos portales de transparencia, habilita al ciudadano a ejercer su derecho de acceso a la información pública, garantizando la posibilidad de llevar a cabo consultas sobre los datos o documentos que obren en poder de las Administraciones, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, con los límites establecidos legalmente.