El Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoce el derecho al cobro de las cantidades reclamadas por el personal investigador en formación. El fallo del TSJA constata que la Resolución que el Rector dictó en junio de 2020, y que la Intervención paralizó, impidiendo el pago, debe ser ejecutada ya que "las resoluciones dictadas por el Rector en el ejercicio de sus potestades y funciones constituyen un acto administrativo, sujeto a las características y eficacia propias de tal naturaleza".

La sentencia, motivada por un conflicto colectivo interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras y secundada por el resto de organizaciones sindicales del Comité de Empresa, reconoce la existencia de una Resolución dictada por el Rector de la Universidad de Oviedo, previa propuesta de Resolución de la Gerencia, en fecha 9 de junio de 2020. En dicha resolución se autorizaba la asimilación de las retribuciones de los trabajadores con contratos de personal investigador predoctoral en formación suscritos antes de la entrada en vigor del Estatuto de tal personal (EPIF) el 16 marzo de 2019.

La Resolución dictada por el Rector en fecha 9 de junio de 2020 y la Propuesta de Resolución de la Gerencia no alcanzaron efecto, al ser rechazadas por Intervención, que no autorizó el pago, tras la tramitación del correspondiente expediente de gasto.

El rectorado, que siempre ha estado conforme con el abono de esas cantidades, quiere mostrar su satisfacción por esta sentencia y asegura que se afrontará el pago de asimilación y de los intereses en próximas nóminas.