Qué modelos organizativos y administrativos pueden minimizar el impacto sobre la calidad de los servicios públicos en plena época de recortes. Cuáles serían los organigramas y organismos que procuren una administración más eficiente sin asumir un alto coste social. Son algunos de los planteamientos de base que un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo, liderado por el catedrático del Departamento de Derecho Público Leopoldo Tolivar, analiza en el proyecto Modelos jurídico-organizativos de optimización de las prestaciones esenciales del estado de bienestar, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

La profundidad de la crisis económica ha provocado importantes recortes de fondos en materias como sanidad, educación y bienestar social y ha desencadenado una batería de reformas legislativas que afectan directamente a estos servicios públicos. Los expertos plantean un análisis de la efectividad real de esos cambios a la hora de procurar un ahorro a las arcas públicas para proponer nuevos modelos organizativos que devalúen lo menos posible la atención que reciben los ciudadanos.

Los profesores del Departamento de Derecho Público plantean nuevos modelos que devalúen lo menos posible la calidad de los servicios públicos

"Se trata de trazar un esquema burocrático mínimo que permita no lesionar sensiblemente, partiendo de lo inexorable de las decisiones políticas, los servicios públicos que garantizan el bienestar social de los ciudadanos", explica Leopoldo Tolivar. Uno de los retos del proyecto es la continua realidad cambiante a la que se enfrentan los investigadores. "Nos movemos en un terreno de arenas movedizas porque las reformas y contrarreformas legislativas son constantes, casi diarias", remarca el catedrático.

La reforma del Régimen Local, la nueva ley educativa, los decretos de copago de los medicamentos o la suspensión indefinida de la ley de Dependencia son algunas de las modificaciones legislativas de calado cuyo impacto analizarán los investigadores para describir alternativas que no pasen factura a la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El debate de la privatización

La privatización de servicios públicos es uno de los puntos álgidos del debate público y el equipo de expertos afronta también el estudio de su viabilidad y sus consecuencias. De hecho, éste no es el primer proyecto que sigue esta línea, su investigación sobre Gestión privada de servicios públicos de salud: incidencia en la calidad prestacional y en los derechos de usuarios y pacientes chocó de plano con el intento de privatizar la construcción y gestión de varios hospitales en Madrid. "En aquel momento predijimos y recogimos en un libro las posibles consecuencias jurídicas de esas decisiones, de las que por desgracia ahora somos testigos", señala Tolivar.

Las conclusiones de ese primer estudio cuestionan la eficacia de la privatización de la sanidad en el terreno jurídico y también en el económico. Además, se detienen en cuestiones que tienen un impacto directo e individual sobre cada paciente como, por ejemplo, la protección de datos privados y sensibles como las historias clínicas.

Equipo investigador:

• Leopoldo Tolivar Alas
• Miriam Cueto Pérez
• Eva María Menéndez Sebastián
• Javier Junceda Moreno (Universidad Internacional de Catalunya)
• Alejandra Boto Álvarez