El Máster que se propone es pionero, dentro y fuera de nuestras fronteras, por su temática y enfoque.
En efecto, en España existen otros Másteres en el ámbito de las ciencias jurídicas, por ejemplo los ofertados por la Universidad Carlos III, UNED, Universidad de Zaragoza, cuyo objeto son los Derechos fundamentales, pero desde una perspectiva generalista, sin centrarse en una de sus facetas -su tutela jurídica-, ni mucho menos en alguno de sus concretos titulares –personas y colectivos vulnerables-, como aquí se sugiere. A un lado se dejan también otros títulos de Máster del ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo el Master en Políticas públicas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra junto con la John Hopkins, ciertamente más centrados en la intervención pública sobre las personas y los grupos vulnerables, pero a los que les falta la especificidad de una formación jurídica avanzada sobre los instrumentos y garantías de sus derechos. Lo mismo sucede en el extranjero, donde, entre otros, pueden mencionarse el European Master's Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA), el Master programme in International Human Rights Law de la Universidad de Oxford, el Master's Programme in Human Rights and the Best Interest of the Child de la Universidad de Estocolmo, el Master of International Human Rights and Humanitarian Law de la Viadrina University de Frankfurt Oder, el Máster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad de Buenos Aires, o el Master's Degree Programme in International Law and Human Rights de la Universidad de La Paz, centrados en la tutela de los derechos humanos en general o de algunos grupos vulnerables en particular.
Aunque el concepto de personas y de grupos vulnerables y el de su debida protección jurídica es conocido, sobre todo en el ámbito internacional –así se ha puesto de relieve en resoluciones de la ONU, OMS, Consejo de Europa, Banco mundial-, la oferta formativa relacionada con este tema es escasa, tratándose mayoritariamente de cursos de breve duración, al margen de las enseñanzas regladas. No obstante, sin perjuicio de la existencia de algún precedente -Máster sobre menores en situación de desprotección de la Universidad de Vigo-, en los últimos tiempos se observa, por ejemplo en el listado de los Másters verificados para el curso 2009-2010, un incremento en los postgrados dedicados a estos colectivos –Máster de políticas de igualdad y prevención de la violencia de género de la Universidad de las Islas Baleares, Máster de Gestión de la inmigración de la Universidad Pompeu Fabra, Máster de intervención en la discapacidad y la dependencia de la Universidad de A Coruña o el Máster de género y políticas de igualdad de la Universidad de Valencia-, pero sin que ninguno de ellos, como se deduce de su denominación, ofrezcan una visión global de las garantías jurídicas de estos colectivos, como sucede en el título que aquí se propone, sino que se centran tan sólo en algunos de ellos singularmente considerados -mujer, infancia, personas con discapacitadas, inmigrantes, minorías lingüísticas, pueblos indígenas...-, no siempre desde una perspectiva estrictamente jurídica, por lo que tampoco pueden servir de modelo para diseñar la estructura y el contenido concreto de esta propuesta dadas las especificidades descritas.
Tan sólo hay una excepción, en la que en otro plano, no el de su contenido ni el de su estructura, sino en el del impulso institucional de esta propuesta, es posible señalar un referente externo a la misma; el Máster de protección internacional de derechos humanos de la Universidad de Alcalá. Este Máster, de itinerario único, reparte sus 60 ECTS en 40 créditos obligatorios – fundamentos para la práctica en derechos humanos, mecanismo de protección de los derechos humanos, práctica forense en materia de derechos humanos, aplicación de los derechos humanos en los ordenamientos internos, la protección de derechos humanos específicos-, 12 créditos para prácticas externas y 8 créditos para el trabajo fin de Máster. Al igual que la propuesta que aquí se eleva, fruto del convenio de colaboración suscrito en 2010 por la Universidad de Oviedo y por la Procuradora General del Principado, el Máster de protección internacional de derechos humanos que se señala como referencia también es resultado de un convenio de colaboración suscrito en 2001 por la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo estatal. Con él se pretende diseñar un programa de postgrado que combina la aproximación conceptual y teórica sobre los derechos humanos y sus mecanismos de protección, prácticas en instituciones vinculadas con los derechos humanos y la elaboración de un trabajo de investigación para responder a las necesidades profesionales de sectores de la abogacía, judicatura e instituciones responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. En ambos casos, por tanto, es coincidente la vocación de ofrecer una formación transversal a unos profesionales, presentes o futuros, directamente implicados en la garantía de los derechos.
Pero más allá de estas similitudes formales, de lo dicho se concluye la inexistencia de una oferta de Máster generalista sobre la protección jurídica de las personas y de los grupos vulnerables, como el que aquí se sugiere, lo que redunda en la consideración de esta propuesta como estratégica, en lo que puede convertirla en referente nacional e internacional.